EJE TRANSVERSAL

GESTIÓN Y ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL

Los cambios en el entorno nacional e internacional han modificado los roles tradicionales de las instituciones del Estado costarricense, particularmente en el sector agroalimentario y hacen necesaria una transformación integral que lo faculte para dar una respuesta más eficaz y eficiente, acorde con las demandas del sector productivo.

La diversidad de actores públicos y privados que intervienen en esta política, tanto en su formulación como en su ejecución, en los ámbitos central y regional, plantea un reto para la institucionalidad pública del sector, en su nuevo rol como en el fortalecimiento del sistema de relaciones público-público, público-privado y con la academia.

La necesidad de dar respuesta a esta diversidad de actores conduce a un triple rol de la institucionalidad pública del sector: a) de acompañamiento de los procesos productivos primarios y de transformación así como de comercialización; b) de creación de un clima de negocios adecuado, que permita la creatividad y la innovación de los procesos productivos, mediante la creación de bienes públicos; y c) de regulador en la actividad económica del sector, para que sea sostenible, equitativa y apegada a la normativa nacional e internacional.

En este sentido, se señalan cinco áreas en las cuales se centra la institucionalidad pública por medio de las políticas públicas del sector:

1. La provisión de bienes públicos necesarios para la producción, tales como la tecnología, la sanidad agropecuaria, la asistencia técnica, el control de plagas y enfermedades, entre otros.
2. La creación de mecanismos de regulación que protejan el bien común, frente al interés privado, como la sostenibilidad ambiental, la inocuidad de alimentos, la equidad y la seguridad social y seguridad en el trabajo, entre otros.
3. Políticas dirigidas a apoyar la transparencia de los mercados, como mecanismos de comercialización eficientes, políticas comerciales, promoción de exportaciones y de valor agregado.
4. Políticas de carácter integral orientadas a la protección de los sectores más débiles y vulnerables.
5. Políticas dirigidas al fortalecimiento, alineamiento y coordinación interinstitucional para acompañar los procesos productivos, regularlos y brindar los servicios de apoyo y comercialización de forma eficiente, eficaz y oportuna.

Por otro lado, las demandas de apoyo de los diferentes actores privados situados en los territorios obligan a las instituciones públicas del sector a un replanteamiento en la forma de planificar las acciones públicas: se debe iniciar con los procesos de planificación basados en las demandas desde el ámbito local, pasar luego por lo regional hasta el ámbito central nacional e integrar posteriormente las demandas de los grupos de acción en los territorios para dar respuestas integradas y diferenciadas a la vez.

Asimismo, la ejecución de estas políticas exige una adecuada coordinación operativa intrasectorial y extrasectorial, así como una efectiva gestión conjunta público-privada, de manera que se logre entregar una oferta amplia de productos y servicios acorde con las necesidades del sector productivo y de forma oportuna. Además, se establece una coherencia y correspondencia con las políticas y planes de sectores que complementan estas políticas, tales como salud, ambiente, educación, transportes, economía y comercio exterior, entre otros.

Para responder a las demandas del sector productivo, la institucionalidad pública experimentará un proceso progresivo y continuo de modernización, que considere las siguientes líneas de trabajo en los próximos años:

• Una reforma del funcionamiento del sector público agropecuario y sus instituciones, que le permita operar con una visión integral y sistémica para la implementación de la Política de Estado.
• El restablecimiento y fortalecimiento de la rectoría del sector agropecuario y de desarrollo rural.
• La reestructuración de las instituciones públicas que participan en este sector, que no han sido reformadas y las eventuales modificaciones a la normativa que las regula.
• Una mayor descentralización administrativa, que permita incrementar la agilidad y la calidad de los procesos de toma decisión y la prestación de servicios.
• Una masificación del uso de las TIC en la gestión pública, de manera que se pueda simplificar y lograr mayor transparencia en los procesos administrativos.

En concordancia con lo anterior, las organizaciones y los gremios empresariales, tanto de las pequeñas como de las medianas y grandes empresas agroalimentarias, asumirán un rol más activo en cuanto a la formulación de propuestas coherentes para la ejecución de la política, en la creación de bienes privados, en el aprovechamiento eficiente de bienes públicos, en el uso eficiente y transparente de recursos públicos transferidos y en el seguimiento de la Política de Estado.

 

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